México, D. F., a 4 de mayo de 2009.
EL AMPF DE SIEDO OBTUVO DOS SENTENCIAS CONDENATORIAS Y FORMAL PRISIÓN CONTRA 40 PERSONAS RELACIONADAS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
El agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ejercitó acción penal contra 17 personas por delitos relacionados con la delincuencia organizada y aportó a jueces federales los elementos jurídicos necesarios para iniciar los procesos penales correspondientes a 40 presuntos miembros del crimen organizado.
Además, al acreditar la responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el fiscal de SIEDO obtuvo del Poder Judicial de la Federación sentencia para dos personas.
Al valorar las pruebas jurídicas aportadas por el fiscal de SIEDO, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México dictó formal prisión contra Gerónimo Gámez García ó Jerónimo Gámez García (a) “El Primo”, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Asimismo, el Juez Tercero de Distrito en Nayarit, dentro de la causa penal 73/2009, dictó formal prisión contra Óscar Zito Rodríguez González, Pablo Emilio Robles Hoyos, Fernando Roldán Dow, Heriberto Cuevas García y/o Heriberto Cuevas Macías, Rogelio Garza Jiménez, Juan Carlos Ramírez Alanís, José Daniel Patiño Cuevas y Gosta Engberg Cuevas por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en las modalidades de posesión y producción del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína con fines de comercialización y portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Los nueve procesados formaban parte de la organización de los “Beltrán Leyva”, donde Gámez García –primo de Arturo Beltrán Leyva (a) "El Barbas"–, era operador logístico y financiero en virtud de que realizaba las funciones de trasiego de droga de Colombia hacia México y a la Unión Americana.
Por otra parte, el Juez Primero de Distrito en Tepic, Nayarit, dictó formal prisión contra Víctor Manuel Escalante Valle, Martín Serrano Aboyte y Rosendo Rodríguez Ortega, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, además, en contra de los dos primeros por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, portación y acopio de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos para armas de fuego en cantidades mayores a las permitidas.
Escalante Valle y Serrano Aboyte –quienes se desempeñaban como policías ministeriales en activo en Mazatlán y en el municipio del Salado, Sinaloa–, manifestaron al momento de su detención pertenecer a la organización delictiva encabezada por Ismael Zambada García (a) “El Mayo Zambada”, teniendo a su cargo la vigilancia de las casas de seguridad donde se almacenaba el armamento que utilizaba la organización delictiva, así como mantenerlos al tanto de las autoridades o vehículos sospechosos que llegaban a Mazatlán.
Asimismo, derivado del trabajo jurídico del fiscal de SIEDO, el Juez Tercero de Distrito en Nayarit, con residencia en Tepic, dictó formal prisión contra Carlos Palafox y/o Carlos Camarillo Palafox, Juan Carlos Méndez Hernández y/o Juan Manuel Méndez Hernández y/o Hilario Rodríguez Hernández (a) “El Parejita”, “El Pareja” ó “La Güera”, Francisco Demetrio Solache Galindo, Diego Alan Pérez Uriarte (a) “El Kalimba”, José Antonio Rivas Calderón y/o José Antonio Ríos y/o Edgar Rainza López (a) “El Costeño”, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Además, a Rivas Calderón se le imputa la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia y a Carlos Camarillo Palafox la portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Fueron detenidos por elementos de la Policía Federal el pasado 10 de marzo en la colonia Jardines de Morelos, en el municipio mexiquense de Ecatepec, luego de un enfrentamiento en el que se logró la liberación de una víctima.
Por la probable comisión del delito de tráfico de indocumentados, el Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, dictó formal prisión contra Jonathan García Ramírez, Israel Martínez Limón y/o Jesús Oropeza Valerio, Raúl Barraza Estrada, Luis Hernández Sánchez y/o Héctor Correa Vizuet, Rodrigo Rodríguez Islas y/o Isaías Oróstico, Rosa Herrera Ramos y/o Rosario Hernández Herrera y/o Rosa Hernández Herrera, Eduardo Ramírez Vieyra y Julio César Barragán Herrera.
Los procesados fueron detenidos el pasado 24 de marzo en la colonia Impulsora, en el municipio de Nezahualcóyotl, en un inmueble donde custodiaban a 101 personas de origen centroamericano, a quienes pretendían trasladar a Estados Unidos de América.
Además, por la probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, el AMPF obtuvo del Juez Décimo de Distrito en Naucalpan, estado de México, formal prisión contra Gustavo Guzmán Lozano (a) “El Barroso” y Jorge Eduardo Damasco García, quienes se encuentran relacionados con el plagio de una persona, perpetrado en marzo de 2006, cuando presuntamente formaban parte de la banda de secuestradores denominada “Los Chutas”.
Por otra parte, el Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en Morelia, Michoacán, dictó formal prisión contra Heriberto Arias Arzola (a) “El Arias” y/o “El Sol”, Juan Mendoza Ríos (a) “El Pelón” y/o “Pelonchas” y Samuel Rivera San Juan (a) “Sami” o “Sam”, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en las modalidades de colaborar de cualquier manera al fomento y posesión con fines de tráfico, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Arias Arzola, Mendoza Ríos y Rivera San Juan –quienes manifestaron pertenecer a la organización criminal denominada “La Familia Michoacana”– fueron detenidos el pasado 11 de marzo por elementos del Ejército Mexicano comisionados en la Base de Operaciones Mixta “Uruapan”, cuando trataron de darse a la fuga al percatarse de la presencia del personal militar. Al efectuar la revisión al vehículo, les fue asegurado diverso material bélico, además de droga sintética que ocultaban en la cajuela del automotor.
Por la probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Chiapas, dentro de la causa penal 17/2009, dictó formal prisión contra Esdras Hernández Córdova o Edras Hernández Córdova, Jhovany Landeros Pérez o Yovani Landeros Pérez (a) “La Polla”, Guillermo Ramírez López, Fausto Verdugo Pérez, Ángel Uriel Urquin Urquin y Elías Urbina Vázquez. Además, a Hernández Córdova y Landeros Pérez se les imputa responsabilidad en la comisión de acopio de armas, posesión de cartuchos y granadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
De acuerdo con las investigaciones, en su calidad de servidores públicos en Chiapas, Ramírez López, quien se desempeñaba como policía estatal preventivo, Verdugo Pérez como delegado de Tránsito, Urquin Urquin como comandante regional de Pichucalco y Urbina Vázquez como comandante de la policía ministerial, aprovecharon sus cargos para brindar protección a “Los Zetas” en la entidad.
Además, derivado de la detención de los servidores públicos, el Fiscal de SIEDO obtuvo del Juzgado Tercero de Distrito en Tabasco formal prisión contra José Elías Alonso González, Rodrigo Ramos Escobar, Guillermo Cruz Cruz y Guillermo García Gómez, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de algún delito de esa naturaleza. Estas personas manifestaron colaborar como sicarios con el Cártel del Golfo y recibir protección para sus operaciones de los ex servidores públicos.
En el rubro de sentencias, al acreditar la responsabilidad penal en la comisión de delitos del orden federal en materia de delincuencia organizada, el fiscal de SIEDO obtuvo del Poder Judicial de la Federación las siguientes determinaciones:
El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México dictó sentencia definitiva contra Eusebio Gómez Téllez (a) “El Cacha” y/o “El Chacha”, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, posesión de cartuchos, acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de arma de fuego sin licencia, imponiéndole la pena de 38 años siete meses de prisión, resolución dictada por reposición de procedimiento, ordenado por el Tribunal de Alzada, en donde había sido sentenciado a 31 años tres meses de prisión.
Gómez Téllez fue detenido el 10 de octubre de 2003 con motivo de la investigación de un homicidio derivado de un enfrentamiento registrado la noche previa en Cuautitlán Izcalli, estado de México, en posesión de diverso material bélico, droga y 314 mil 596 pesos, de los que no pudo justificar su legal procedencia.
Finalmente, el Juez Primero de Distrito en el estado de Chihuahua dictó sentencia de 14 años de prisión y mil 520 días multa contra Óscar Arturo Arriola Márquez, al considerar acreditada su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad del que por sí, adquiera, administre e invierta, dentro del territorio nacional, recursos, bienes o derechos de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
El sentenciado era líder de la organización “Los Arriola” o “Los Pichones”, que operaba en Chihuahua, donde se encargaba del trasiego de droga y con los recursos obtenidos por esa actividad adquirió e invirtió en la creación de diversas empresas que servían para el lavado de dinero.
La Procuraduría General de la República reitera su compromiso de combatir con la Ley y su aplicación estricta toda manifestación del crimen organizado, y cumplir, así, las metas comprometidas en el Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Justicia y la Legalidad.
